Gonzalo Álvarez García | @ordosgonzalo
Fuente: es.globedia.com
La Audiencia Nacional española ha creado un grave, por no decir gravísimo, enfrentamiento con la segunda potencia mundial; es decir, nada más y nada menos que con China.
Como la gota que colma el vaso, a la Audiencia Nacional del Estado español se le ha ocurrido la feliz idea de solicitar la búsqueda y captura de los dirigentes chinos, como si de una banda de narcotraficantes estuviéramos hablando.
A nadie en su sano juicio y menos en un país civilizado, se le ocurriría tal pretensión en tiempos de paz y sin que hubiera mediado una guerra.
No vamos a entrar en los pormenores del exabrupto de esta institución judicial española, que tiene su origen en una demanda presentada por varias organizaciones de DD.HH. contra la intervención del gobierno chino en su región autónoma del Tíbet.
Pero se nos antoja que no se daría la misma respuesta a cualquier denuncia que presentaran los nacionalistas vascos, contra la intervención del Estado español en su región autónoma de Euskadi.
Los hechos denunciados se remontan a una intervención China de los años 1991-2001, cuando las fuerzas de la policía armada popular actuaron en la represión de los movimientos independentistas tibetanos y a las denuncias de una serie de medidas gubernamentales, las cuales serán cuestionables y censurables, pero que forman parte de su política interna y soberana, de la misma manera que lo hace el Estado español; reprimiendo y persiguiendo a los nacionalistas, sin que ningún otro país les cuestione.
En los medios de comunicación adscritos a la derecha conservadora española apenas se hace mención del tema, tratando de quitar hierro al asunto pero la reacción China no se ha hecho esperar.
Este tipo de piruetas en el aire son el resultado de las campañas mediáticas del Dalai Lama y el desconocimiento de la realidad de China o Nepal por parte de quienes intervienen en procesos de este tipo, más destinados al consumo doméstico que a resolver asuntos más serios.
A los jueces españoles se les debería exigir que pasaran por las aula y estudiaran, como se hace en países menos desarrollados, algo de de geopolítica y un curso en un centro de estudios estratégicos; o por lo menos algo que les sirva para saber qué lugar ocupan en el espacio.
Los empresarios e inversores españoles deben estar muy contentos con el Poder Judicial, al igual que los operadores turísticos, dada la vocación de payasos de circo que profesan algunas instituciones.
China no es Rusia, ni la extinta Unión Soviética, y más de uno se va a llevar las manos a la cabeza cuando en el momento menos pensado el gobierno chino devuelva la pelota que seguro la va a devolver.
Las decisiones de uno de los poderes del Estado, cuando afectan al conjunto del Estado y a las relaciones internacionales, cuando menos deberían pasar por el conocimiento y dictamen del Consejo de Estado.
Pero el Estado español no parece estar dispuesto a que su Poder Judicial pase por otro control que no sea el compadreo parlamentario.
¿Para cuando la elección democrática del Poder Judicial, al igual que el resto de los poderes del Estado?
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