Las tramas delictivas que sacuden a la política española. En la mira, dirigentes, funcionarios y hasta integrantes de la familia real.
Por: Manuel Alfieri
En los últimos tiempos, la política española fue sacudida por una serie de casos de corrupción que conmovieron a un país sumergido en una de las peores crisis económicas y sociales de su historia. A los altos índices de desempleo y pobreza, se sumó una telaraña de tramas delictivas orquestadas desde las altas esferas del Estado que involucran a los principales representantes del gobierno ibérico e, incluso, al propio presidente Mariano Rajoy y a la familia real. ¿Hubo un resurgimiento de la corrupción en España? ¿Qué relación hay entre ese fenómeno y la crisis? ¿Cuál es la situación que atraviesa la familia judicial española, diagramada en la agonía de la era franquista?
Uno de los escándalos más famosos es el del llamado caso Gürtel, destapado por la prensa en 2009, que investiga una red de empresas que pagaba comisiones y hacía regalos al Partido Popular (PP) de Rajoy a cambio de favores y contratos de obras y servicios en las comunidades gobernadas por los conservadores, como Madrid, Valencia y Galicia. Uno de los principales imputados es el empresario Francisco Correa –por eso Gürtel, que en alemán significa “correa” o “cinturón”-, quien organizaba actos del PP durante el gobierno de José María Aznar (1996-2004) y que luego continuó haciendo negocios con el partido gracias a sus vínculos con el ex tesorero y senador Luis Bárcenas.
Tras el descubrimiento por parte del juez Pablo Ruz de que Bárcenas guardaba más de 40 millones de euros en cuentas en Suiza, presuntamente derivados de la red Gürtel, saltó otro caso de corrupción: el de la “contabilidad B” del PP, del que se desprende la financiación ilegal del partido y el pago de sobresueldos a su cúpula durante dos décadas. El presidente Rajoy, por caso, habría recibido 45 mil euros en efectivo de manos de Bárcenas en 2009.
El caso Bárcenas conmovió a la sociedad española. Según Lorena Suárez, secretaria de Comunicación del PSOE en Buenos Aires, “los casos de corrupción existieron siempre en España y en el mundo, pero no en la magnitud de lo que estamos presenciando. Cuando el PP nos habla de ajuste, nos habla de recortes al Estado de Bienestar que tanto nos ha costado construir a los españoles y luego nos enteramos que tienen desde el partido de gobierno una contabilidad paralela”.
De acuerdo con la investigación, de los 7,5 millones que aparecen en la contabilidad B del PP entre 1990 y 2008, al menos 5 millones incumplían con la legislación entonces vigente. La normativa establece que los partidos no pueden recibir de la misma persona física o jurídica cantidades superiores a los 60.101 euros anuales. El límite subió después a 100 mil euros, pero el PP también sobrepasó esa cifra.
Hace diez días, el juez que investiga el presunto financiamiento ilegal del PP imputó a diez empresarios que figuran como donantes de la fuerza derechista y que, al mismo tiempo, realizaban obras para la administración pública, algo prohibido por la ley.
Se trata de Joaquin Molpeceres (grupo Licuas), Antonio Pinal (Bruesa), Ignacio Ugarteche (Urazca Construcciones), Raimon Aigé (Sorige-Acsa), Vicente Cotino (Asedes Capital), Rafael Palencia (Iberia), Cecilio Sánchez (FCC), Camilo José Alcalá (Cyopsa-Sisocia), José Antonio Romero (Grupo Romero Polo) y José Luis Suárez (Construcciones Parraño), todos ellos citados a declarar el próximo 15 de enero.
Los casos de corrupción -o, al menos, su difusión mediática- cobraron mucha mayor importancia con la aparición de la demoledora crisis de 2008, todavía presente. “Este es el momento donde salen todas las miserias del sistema, la corrupción, la inmoralidad política, la prensa al servicio de los monopolios, el financiamiento ilegal de los partidos y sindicatos”, opinó Lois Pérez Leira, analista internacional y vocero de la coalición La Izquierda de España.
Con una mirada parecida, el periodista español Pere Rusiñol consideró que “el hecho de que ahora la corrupción se haga más presente está asociado en parte a la crisis del régimen de la Transición post-franquista. Cuando el régimen estaba bien asentado, el consenso interno dificultaba que afloraran esos casos. Cuando las grietas son más profundas, es mucho más fácil que se conozca e investigue la corrupción”.
Sin embargo, Rusiñol advirtió que “ninguno de los casos investigados ahora se han originado con la crisis: todos son anteriores, de los años de la burbuja y el boom. Por ejemplo, Gürtel y otros arrancan a mediados de la década de 1990. Cuando el régimen funcionaba bien, con consenso básico en el núcleo de poder, nada de esto trascendió”.
También vinculado con el PP, otro ex alto dirigente del partido que hoy gobierna España fue condenado la semana pasada por el delito de cohecho. Se trata de Jaume Mata, ex presidente de Baleares, sentenciado por aprovechar su cargo para solicitar a un empresario un contrato ficticio para su esposa, bajo pago de 3 mil euros mensuales. El jurado popular que juzgó al ex dirigente del PP español consideró que la mujer no desarrolló tarea alguna y que percibió, en total, más de 42 mil euros. Por esa razón, la Fiscalía Anticorrupción solicitó 9 mil euros de multa y la devolución del importe percibido por la falsa contratación.
La condena se suma a los nueve meses de prisión a Matas por haber pagado medio millón de euros en dinero público al periodista que le escribía sus discursos como presidente de Baleares y al famoso caso Palma Arenas, un proceso judicial por corrupción iniciado en octubre de 2007. En ese entonces, el consejero de Deportes del gobierno de las Islas Baleares, el socialista Mateu Cañellas, denunció que la anterior administración, a cargo del PP y presidida por Matas, había autorizado un gasto total de 90,6 millones de euros para la construcción de un velódromo, casi el doble de los 48 millones presupuestados. Fueron imputadas hasta 30 personas, entre ellas el yerno del rey Juan Carlos, Iñaki Urdangarín.
Urdangarín también fue acusado en diciembre de 2011 de participar en una trama para desviar fondos públicos a través de una fundación, lo que envolvió en un escándalo a la Casa Real española. El esposo de la infanta Cristina de Borbón, hija de Juan Carlos, está involucrado en el llamado caso Noos. El Instituto Noos, que Urdangarín presidió entre 2003 y 2006, es investigado por haber recibido, durante ese período y hasta el año 2007, unos 5,8 millones de euros provenientes de los gobiernos regionales de Valencia y las Islas Baleares. Cada día parece más probable que una buena parte de ese monto, transferido a la falsa entidad benéfica, terminó en las manos de Urdangarín y de su socio, el empresario Diego Torres.
La investigación llegó a tal punto que este año el juez José Castro dispuso el embargo de la mitad de la mansión de Pedralbes y de otras propiedades pertenecientes a Urdangarín y la infanta Cristina, con el objetivo de cubrir la fianza de 6,1 millones de euros que la justicia fijó al yerno del rey. El juez Castro todavía debe dar por concluida la instrucción, elevar el caso a juicio y decidir si imputa o no a la hija de Juan Carlos por supuestos delitos de evasión fiscal y lavado de dinero, una resolución que mantiene en vilo a la corona.
A la sucesión de casos de corrupción en el seno del poder político se suma la apertura de una investigación sobre la posible financiación irregular de la Unión General de Trabajadores (UGT) española, uno de los dos grandes sindicatos de España, vinculado históricamente al Partido Socialista (PSOE), en su filial de Andalucía. La justicia puso la lupa sobre el uso irregular de subvenciones públicas destinadas a cursos de formación para desempleados –en un país con más de 6 millones– tras informaciones aparecidas en el diario español El Mundo, en las que también se denunció una presunta estafa a partir de facturas falsas e infladas. Según la información del matutino, el sindicato habría cargado al gobierno de Andalucía, el costo de 700 maletines de piel falsificados en Asia. Sin embargo, para la cúpula del sindicato el objetivo de estas acusaciones es "tapar" uno de los hechos de corrupción más sonados en España: el ya mencionado caso Bárcenas.
El problema, sin embargo, no se limita a la corrupción política. Los especialistas consultados coincidieron en que la falta de renovación dentro de la justicia española es una cuestión que, hasta ahora, no pudo ser resuelta. “Como dijo el propio general Franco, España está atada y bien atada. La estructura judicial española es una continuación del régimen franquista”, aseguró el analista Pérez Leira.
El periodista Rusiñol agregó que “en España la Transición se aplicó también en la Justicia: no hubo ninguna limpieza, sino continuidad total. Además, el acceso a la judicatura es un proceso muy controlado desde dentro, lo cual garantiza también continuidad”.
Sin embargo, en los últimos años hubo un incipiente proceso de renovación dentro de la familia judicial que parecería encender una mecha de esperanza. “Existen jueces más jóvenes, con cierta sensibilidad, que están acompañando los nuevos tiempos, donde la sociedad reclama trasparencia y lucha contra la corrupción”, sostuvo Pérez Leira.
La secretaria del PSOE en Buenos Aires, Lorena Suárez, explicó que el juez Baltasar Garzón es uno de aquellos magistrados que forma parte de la renovación. No casualmente, Garzón fue inhabilitado por el Tribunal Supremo español para ejercer su cargo durante 11 años por presuntas irregularidades en la investigación del caso Gurtel, que él mismo llevó adelante durante varios años.
Sin embargo, entre los principales problemas de la justicia española aparece uno que acosa no sólo al país ibérico, sino a todo el mundo. “Los casos más destacados se están juzgando, pero siempre la justicia mide distinto, a favor de los poderosos, y en detrimento de los pobres. Por ello es necesario un nuevo modelo de Estado y una profunda democratización de la justicia”, concluyó Pérez Leira.
